Tijuana.- Arriba del 50% de las empresas del sector industrial cuentan con su Programa Interno de Protección Civil, mientras que los dos principales inhibidores del cumplimiento son el alto costo del estudio estructural del inmueble y la falta de certificación de instalaciones eléctricas, pese a que éstas causan 80% de los incendios.

Así lo informó Alberto Castro Sempere, subdirector de Protección Civil de Tijuana, quien participó esta mañana en el Taller “Materiales peligrosos y Respuesta a Emergencias Químicas”, dirigido a empresas del ramo industrial y realizado con motivo del Día Nacional de Preparación y Respuestas a Emergencias Químicas (Dinapreq).

El dato del cumplimiento es variable, dijo, por los años de vigencia, si revisamos lo que tenemos de 2014 a la fecha, hay muchas que no han renovado, pero a la hora de hacer nuestra revalidación nos damos cuenta que cerró la empresa, cambió de domicilio, cambió de nombre, las compra otro corporativo, pero tenemos arriba del 50% del sector industrial.

“De todo tipo, del sector industrial, desde textil, desde electrónica, desde transformación, donde nosotros más impulsamos el primer año fue en los parques industriales grandes de la ciudad, después nos fuimos a los parques pequeños”, complementó.

El taller lo organizó la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California, con apoyo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, que fue sede del evento, así como con el patrocinio de empresas como Biosea, que dirige la ingeniera química Jessica Castañeda y Temarry, que dirige Teresa Ruiz.

El evento estuvo encabezado por el biólogo Daniel Arturo Yáñez Sánchez, encargado de la delegación de la Profepa en Baja California, así como por el ingeniero José Carmelo Zavala Álvarez, vicepresidente de Gestión Ambiental en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana y además director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA).

Entrevistado en el marco del evento, Alberto Castro Sempere afirmó que la Dirección Municipal de Protección Civil extiende una autorización anual y desde 2012, cuando empezaron las revisiones de programas internos con la nueva Ley General de Protección Civil, el cumplimiento ha ido incrementando gradualmente.

Explicó que el costo de la revisión no es alto, pero sí lo es el dictamen o estudio estructural del inmueble, para lo cual las empresas tienen que contratar a un especialista que señale deficiencias o recomiende mejoras, pero a veces el pago se complica, más si el inmueble es rentado, porque el beneficio final no es para el empresario, sino para el propietario.

Consideró que el otro factor que suele obstaculizar que las empresas obtengan la autorización de la Dirección Municipal de Protección Civil es la falta de certificación en instalaciones eléctricas, pese a que la Dirección de Bomberos estima que más del 80% de los incendios en el sector industrial iniciaron por alguna situación de instalaciones eléctricas.

“Nos comentan que cuando hay incendios en el sector industrial, la generalidad, más del 80%, son por causas eléctricas; y ¿en qué recae? quizás una ampliación que hicieron, un circuito externo, algo nuevo, el circuito eléctricamente no estaba preparado para recibir tanta carga, sobrecalienta el sistema y ahí empieza”, detalló.

Alberto Castro añadió que por ello la certificación en este tema es muy rígida y se pide a las empresas certificarse con una unidad verificadora avalada por la autoridad federal, la cual señala lo que debe corregir la empresa, que puede ser cambiar cableado, conectores, entubar el cableado que está colgando, de modo que puede tratarse de una inversión fuerte.

“La parte en la que tenemos flexibilidad es precisamente en la vigencia; el primer año siempre va a ser el más difícil porque es costoso, el certificado de instalaciones eléctricas y el estudio estructural, pero se lo hacemos válido por 5 años, de manera que los siguientes 4 años de revalidación no tiene que volver a hacerlo, a menos que haga cambios”, aseguró.

Reiteró que en el sector industrial ha habido buena respuesta, a diferencia del sector comercial, en el que se dificulta más que tengan sus programas internos de protección civil debido a que son empresas con mucha fluctuación; aclaró que, sin importar que un comercio tenga pocos empleados, se pone en riesgo a todos los usuarios que entren al inmueble.

“Hay facilidades de apertura, pero en esa facilidad de apertura se les va el cumplimiento, les da 90 días el Ayuntamiento de gracia para ponerse al corriente, cumplen con lo mínimo, que es a veces lo de Bomberos, pero se olvidan de la parte de nosotros”, dijo e insistió en que el personal y los directivos deben tener un plan familiar de protección civil, empezar en casa.

Otro instructor del taller fue el químico farmacobiólogo José de Jesús Rodríguez Escobedo, asesor ambiental, quien habló sobre el manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) en la Industria, ayudando a los asistentes a entender, por ejemplo, que algunos residuos pueden no ser RPBI a pesar de ser punzocortantes.

En la segunda parte del taller, el químico Julio Martínez Padilla, jefe de la Unidad de Emergencias Químicas de la Dirección de Bomberos de Tijuana, mencionó algunos casos en los que autoridades de seguridad pública han solicitado el apoyo de la Unidad a su cargo, particularmente ante el hallazgo de cuerpos que fueron diluidos utilizando químicos.

Asimismo, explicó el Protocolo de Atención de Emergencias con Materiales Peligrosos, que inicia, por ejemplo, con la evaluación y análisis del incidente, pero que también establece el área de descontaminación y marca el equipo de protección personal a utilizar, todo a fin de evitar una emergencia, reducir riesgos, evitar daños a la salud, ecológicos y a la propiedad.

Finalmente, el licenciado Mario Alberto Paniagua, de la empresa de transporte Pacific Trans, con sede en Mexicali, expuso el tema “Aplicación del Plan de Contingencias en Accidentes Químicos”, explicando cómo en la industria y el transporte se debe proceder ante una situación de emergencia química, minimizar los impactos a la población y al ambiente.

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