Tijuana. – Representantes de los distintos organismos pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se manifestaron en desacuerdo con la propuesta de Reforma Fiscal, por considerar que es un inhibidor del desarrollo y del crecimiento económico del país.

Encabezados por Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE, expresaron su postura ante las disposiciones fiscales que traerían como consecuencia que un mayor número de contribuyentes se vayan a la informalidad.

“La Secretaría de Hacienda está proponiendo cambios para tener más control de la base de contribuyentes, pero con esas acciones el paquete fiscal en lugar de promover la inversión la inhibirá y provocará que las inversiones se estanquen y más contribuyentes se vayan a la informalidad por desconocimiento o por miedo,

En el CCE estamos haciendo un diagnóstico para conocer los problemas que la reforma ocasionaría y se hará llegar a los diputados federales las observaciones para que analicen y mejoren la propuesta”, mencionó el presidente del CCE.

Señaló que la Reforma Fiscal es un mecanismo que no genera estabilidad, y que no brinda ninguna certeza jurídica a la inversión, lo cual es notorio porque los inversionistas extranjeros y nacionales no se están arriesgando a invertir más en el país.

“La economía del país no está creciendo y es evidente que lo que se vive es algo que puede convertirse en una crisis si hay medidas como éstas que inhiben la inversión. Se requiere de los micro, pequeños y medianos empresarios que son la gran base tributaria del país.

Vemos además con precaución que se puede elevar a delincuencia organizada ciertas evasiones fiscales”, declaró.

Por su parte el abogado fiscalista Adolfo Solís, asesor del CCE, dijo que la reforma tiene un alto grado de discrecionalidad y un amplio catálogo de conductas irregulares para los contribuyentes y elementos para que el gobierno los presione, entre ellos la elevación de defraudación fiscal a delincuencia organizada.

“Es preocupante cuando se ejerza presión y se pueda hasta meter a la cárcel a un contribuyente sin un sustento documental por evasión fiscal y elevar la sentencia de 9 años a 40 años de prisión es absurdo, ya que los problemas de recaudación se solucionan con ciencias financieras no con las criminales”, expresó.

En la reunión donde se fijó la postura de rechazo a la propuesta fiscal participaron Gonzalo Manrique, asesor del CCE; Javier Lugo, representante de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Gerardo Méndez, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California; Francisco Garate Estrada, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California;, Ana Bertha Sánchez, presidenta de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate; José Paúl Hernández, miembro del Colegio de Contadores Públicos.

Así como Miguel Ángel Badiola, presidente de Canirac; Omar Caso, presidente de canieti;  Jorge Macías, presidente de Canaco y  Luis Manuel Hernández, presidente de Index Zona Costa y el presidente de Coparmex, Roberto Rosas Jiménez.