Hace tres años, en enero de 2017, se marcó el rumbo que llevaría el país y nuestro estado para el futuro inmediato. Hace tres años Rosarito fue el campo de batalla en donde por primera vez en muchos muchos años los bajacalifornianos atestiguábamos el poder de la gente cuando decide salir a reclamar lo que consideraba una injusticia. El bloqueo a la planta de Pemex, y sus consecuencias, motivado por el aumento a los precios de las gasolinas, se sintió en todo el país.

Hace tres años, mas de veinte mil mexicalenses dieron el ejemplo nacional para echar abajo una ley que atentaba contra nuestro derecho al agua. Una ley que se aprobó de madrugada, imponiendo mayorías, a sabiendas de su enorme impopularidad. La factura de aquellas decisiones de nuestros gobernantes la terminaron de pagar el pasado 2 de junio.

Sin embargo, el golpe dado a la economía de los bajacalifornianos con el aumento de los dos principales combustibles utilizados en la vida diaria, aprobado por los actuales diputados locales, ha sido un duro tropiezo, especialmente porque deja en buena parte de los ciudadanos el sabor en la boca que recuerda a quienes apenas hace unos meses ocupaban los mismos puestos.

Hoy, quienes alguna vez estuvieron del otro lado de la barrera, tuvieron a bien imitar ese ejemplo: una operación burda, sin socialización y metiendo el hombro como mayoría.

El subir impuestos, cualesquiera que sean, suele ser impopular, pues siempre afectará a un sector u otro, o a todos. Pero en este caso, he expresado mi desacuerdo con estos dos impuestos en particular. Pocas cosas afectan más la economía del ciudadano de a pie y a su familia que el aumento del costo de la gasolina y el gas natural. Son estos dos los que alimentan gran parte del engranaje de la vida diaria de los mexicanos: desde el agua caliente con la que nos bañamos al transporte que nos lleva al trabajo; es lo que calienta las tortillas y mueve los camiones que llevan los alimentos hasta los almacenes. Subir, pues, impuestos a estos rubros afectará siempre directamente a todos.

En México, en promedio siete de cada diez hogares dependen del gas de petróleo licuado (lp), cuyo aumento fue del 5%, y que agravará aun más el escenario de un mercado de por sí viciado, con poca competencia y semi monopolizado.

Cómo ejercicio basta con preguntar en la calle, a cualquiera, que opina de las gaseras. No hace falta mucha imaginación para deducir la mala fama que tienen buena parte de estas empresas, de quienes se ha comprobado suelen estafar a los ciudadanos con kilos incompletos y servicio deficiente. Aunado a esto, el mercado regional da preferencia a la exportación hacia Estados Unidos, dejando un margen mucho menor para el mercado local, colocándonos como la entidad con el precio más alto de todo el país.

Hace tres años, las protestas nacionales contra el llamado gasolinazo sellaron el destino de la administración de Enrique Peña Nieto, y pavimentaron el camino para que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador llegará a la presidencia.

Fue aquel enero de 2017 el que demostró que las antiguas maneras de hacer política tenían que cambiar, y que de seguir repitiendo ese comportamiento, la ciudadanía lo castigaría tarde o temprano. Quienes actualmente nos desempeñamos en la labor legislativa, federal o local, haríamos bien en no olvidar aquella fotografía de la portada de la revista Proceso de febrero de 2017, con el encabezado “De Mexicali viene la rebelión ciudadana”. Recordemos los motivos de aquellas imágenes.