Para el Director de Caza Consultores, Pablo Castañeda, las medidas económicas tomadas por el gobierno mexicano ante la crisis provocada por el Covid-19, están cargadas de buenas intenciones pero muy poca efectividad, y es que aclaró que la grave situación financiera que atraviesa México en el mundo puede considerarse como los síntomas de una crisis anunciada.

El especialista recordó que a principios del mes de marzo de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó las Perspectivas Económicas Provisionales en las que se determinó que a causa de la pandemia, es cada vez más probable que existan descensos secuenciales del PIB mundial y en los PIB regionales, así lo mencionó la organización.

“Es preciso que los gobiernos actúen de inmediato para contener la epidemia, sustentar el sistema de atención a la salud, proteger a las personas, apuntalar la demanda y ofrecer un salvavidas financiero a las familias y las empresas que resulten más afectadas”.

Al respecto la OCDE informó que la respuesta de muchos países, se enfocó en favor de los contribuyentes, observando que se han tomado medidas principalmente para aliviar problemas de flujo de efectivo causados por las medidas de contención, como el despido masivo de trabajadores, la imposibilidad de pagar temporalmente a proveedores y, en el peor de los casos, la quiebra de una gran cantidad de negocios.

Detalló que dentro de las medidas tomadas destacan el brindar tiempo adicional para lidiar con temas fiscales, recortar plazos de devoluciones a contribuyentes, cambios temporales en políticas de auditoria y formas de proporcionar certidumbre respecto al pago de impuestos, así como mejora en rendimiento de servicios a los contribuyentes y comunicaciones con estos.

Sin embargo para el gobierno de México estas recomendaciones parecen no encontrar eco, ya que a la fecha, en este país por ejemplo, los plazos en el pago de impuestos siguen de forma normal, sin prórroga para las personas morales a la presentación de sus impuestos.

Mencionan que en cambio, atendiendo a lo discutido en la cumbre del G20, el gobierno federal si ha tomado medidas, aunque aseguran no las necesarias para mantener a flote a las empresas.

Se destaca el crédito a la palabra por un monto de 25 mil pesos que puede ser validado en la página del IMSS, no requiere de una garantía, la aprobación es prácticamente inmediata y él interés se fija dependiendo la cantidad de empleados, sin embargo el requisito que limita a miles de empresas para acceder al beneficio menciona que estas no deben haber modificado su plantilla de trabajadores en los últimos 3 meses.

“Seamos claros, en enero y febrero ni siquiera estaba declarada la emergencia sanitaria, y empresas donde el empleado les renunció, dejo de ir o se terminó la relación laboral, se presentaron bajas, por lo cual automáticamente estos lugares ya no pueden aplicar”, explicó.

Otro de los ejemplos corresponde a la prórroga de pagos de seguridad social, la cual contempla hasta 48 meses de dicha aportación, sin embargo, la prórroga pudiera parecer atractiva pero no hay que olvidar que se deben pagar actualizaciones y recargos, al final si la empresa cuenta con una línea de crédito bancaria es preferible hacer uso de ella.

Pablo Castañeda asegura que el otro gran tema que ha quedado rezagado por el Gobierno de la República, es el de la economía informal, ya que no se han tomado las medidas necesarias, siguen los altos costos administrativos, los altos costos para cumplir fiscalmente y los altos costos de un despido laboral.

Debemos recordar que la informalidad representa una cuarta parte del PIB, y que a pesar del crecimiento moderado, México no ha logrado reducir la brecha en el PIB per cápita en relación con el promedio de la OCDE, este crecimiento moderado refleja una baja productividad debido a factores mayormente estructurales como la alta informalidad influida por las complejas regulaciones laborales y comerciales, la mala asignación de recursos, el deficiente funcionamiento de los mercados crediticios, el bajo nivel de competencia en sectores clave, el deficiente rendimiento educativo y las grandes brechas en infraestructura.

El especialista concluyó que México es uno de los países miembros de la OCDE que tendrá un mayor impacto en su PIB por la crisis del Covid–19, un PIB que de por sí ya venía débil del 2019.