La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los argumentos esgrimidos por ella para declarar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” dan pie para iniciar acciones legales, y no sólo políticas, contra los diputados locales de la pasada legislatura que “votaron a favor de un fraude a la Constitución”, consideró el diputado federal Héctor Cruz.

“Estamos evaluando desde el Congreso federal solicitar un juicio político y sobre todo solicitar formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República para que se procese el fraude del que hablaron los ministros de la SCJN”, dijo.

Y añadió: “Hay que plantearnos seriamente una denuncia para que vengan a rendir cuentas todos los involucrados en este posible fraude. Además, esto debe servir como aviso para los actuales diputados locales quienes continuaron promoviendo, junto al secretario Amador Rodríguez Lozano, una iniciativa que el máximo tribunal de este país ya calificó como fraude a la Constitución”.

Héctor Cruz también subrayó que la decisión contundente de la Suprema Corte abre la discusión sobre si la reforma ahora derogada pone la acción de los ex diputados en el criterio de fraude electoral, el cual desde 2019 es meritorio de prisión preventiva.

“Lo dijimos desde el momento en que se realizó esa reforma: están violentando los principios de irretroactividad de la ley y de legalidad y certeza de las elecciones. Tratar de modificar el periodo de gobierno una vez consumada la elección es una acción no solo anticonstitucional sino amoral”, señaló el diputado Cruz Aparicio.

“Esperemos que los ciudadanos no se olviden de quienes quisieron anteponer sus intereses por encima y al margen de la Ley”, adujo.

Concluyó resaltando la demostración del principio de equilibrio de poderes realizada por el Poder Judicial de la Federación, que sentará un precedente importantísimo para el futuro próximo en materia electoral y político del país.