El interés que el delegado único de programas federales en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, ha mostrado en regularizar la situación de distribución de gas en Tijuana es positiva, sin embargo, la súbita atención en el problema deberá reflejarse en las auténticas “bombas de tiempo”, como las instalaciones ubicadas en la zona de la 5 y 10 en Tijuana, señaló el diputado federal Héctor Cruz.

Si bien reconoció que es necesaria la revisión de la seguridad en todos los centros de distribución, sostuvo que “es preocupante el silencio que el propio delegado ha guardado respecto al monopolio del gas LP”. “La mitad de las plantas que lo distribuyen en el estado son propiedad de dos empresas que pertenecen a la misma familia y que juntas almacenan el 80% del gas LP de toda la entidad”, sostuvo Héctor Cruz.

El diputado se manifestó por buscar terminar con estas prácticas monopólicas que históricamente han mantenido los costos del combustible en lo más alto del país. “Cuando hablamos de seguridad nos referimos a situaciones como el autotanque que volcó apenas hace unas semanas en el crucero cercano a la planta de la gasera de la 5 y 10”, planteó.

“Muchísimas veces vecinos ha intentado reubicarla, pero pareciera que son intocables, opinó que es necesario realizar un análisis estructural de las legislaciones y reglamentos  locales para armonizarlas y así delimitar las facultades de cada orden de gobierno.

Sobre el papel del gobierno federal, Cruz afirmó: “Hay un tema de competencias y de libre mercado. De acuerdo al artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos es obligación del ejecutivo federal fomentar y vigilar el suministro de energéticos en el país, pero tal parece que aquí se está aprovechando de sus competencias para fomentar uno de los mercados más abiertamente monopólicos ”.

Concluyó pidiendo al delegado Ruiz Uribe enfocarse en la apertura del mercado, y trabajar de la mano con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal del Competencia Económica para acabar con los monopolios en este sector, pues más allá del riesgo a la seguridad que algunas instalaciones implican, “lo que ha estado amenazado por décadas es el bolsillo de los ciudadanos que pagamos y que, al parecer, seguiremos pagando el gas más caro de México”, concluyó el legislador.