De manera inexplicable, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó, por conducto de la Sedatu encabezada por Rosario Robles, 400 millones de pesos a supuestos propietarios de terrenos aledaños al hoy cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco.

Esa cantidad “se pagó a cambio de nada, con recursos no presupuestados, de un programa que no tenía ese objeto”, por una secretaria que no tenía dicha facultad “y con base todo en una minuta sin fundamento legal”, declaró Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de la Sedatu. En su comparecencia ministerial ante la Fiscalía General de la República, Zebadúa González reveló que distintas dependencias federales de la administración de Enrique Peña Nieto realizaron operaciones poco claras en la adquisición de esos terrenos. Explicó que se dio una alianza entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“El mecanismo empleado significaba una división del trabajo en la que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Gobierno, a cargo en este periodo del licenciado René Juárez Cisneros, llevaban a cabo la negociación con supuestos propietarios, ejidatarios o posesionarios de las zonas de Atenco y la denominada los ‘Tlateles’ o ‘El Moño’, en la vecindad del NAICM”, declaró Zebadúa