Regina Martínez era una experta reacia en las bandas de narcotraficantes más violentas de México. La veterana periodista no se propuso cubrir el crimen y la corrupción, pero las historias la seguían encontrando, acumulándose tan rápido como los cuerpos en su casa de Veracruz.

El otrora plácido estado, que abraza el Golfo de México y más conocido por su puerto de aguas profundas, había sido convulsionado por oleadas de violencia de cárteles que muchos, incluido Martínez, sentían que estaban siendo instigados por su gobierno.

Martínez observó cómo se desarrollaba todo y rastreó el deterioro de su trabajo. La cuarta semana de abril de 2012 fue típica. En solo cinco días, presentó nueve historias sobre todo tipo de delitos y corrupción a sus editores de la revista Proceso, con sede en Ciudad de México: “Comandante Chaparro”, el presunto cerebro financiero del narcotráfico de Los Zetas , detenido. Nueve policías detenidos por colusión con cárteles. Un político de la oposición murió repentinamente en su casa, sus amigos estaban seguros de que había sido asesinado.

Esa historia sería la última. La mataron en su baño la noche siguiente a la publicación, la golpearon y estrangularon con una jerga.

Su asesinato a los 48 años fue tan brutal como los crímenes sobre los que había escrito durante años. También fue emblemático de una ola de violencia contra periodistas que ha perseguido a México durante las últimas dos décadas. Muchos de estos asesinatos, que fueron acompañados por una avalancha de actividades de pandillas en todo el país, siguen sin resolverse o solo se investigan al azar.

“A veces tenemos la impresión de que como periodistas, en un contexto tan violento, tenemos que pagar cierto dinero de sangre para contribuir a la democratización de la vida pública, de nuestro estado, de nuestro país”, dijo Elfego Riveros, un periodista radial de Veracruz que trabajó con Martínez .

En el caso de Martínez, los fiscales locales en Veracruz concluyeron que fue asesinada por un prostituto adicto a las drogas que afirmaron que era su amante. La fiscalía construyó un caso de que su estilo de vida como periodista soltera significaba que era probable que trajera hombres a su casa para tener relaciones sexuales.

Esta conclusión fue aceptada por un tribunal, que envió al hombre a la cárcel y ordenó el cierre del caso. Pero ocho años después del asesinato, un grupo de medios de comunicación, incluido Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), están revisando de nuevo. En un examen detenido, la versión oficial parece sorprendentemente improbable.