Tijuana, 16 de mayo de 2023.- La Sindicatura Procuradora de Tijuana inhabilitó por tres meses a un ex regidor suplente que representaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI) así como a una exdelegada en la demarcación de San Antonio de los Buenos, por el lapso de siete meses.
Lo anterior lo informó buffalo bills jersey nike air max 90 sex toys for couples air max 97 sale nike air max sale best human hair wigs yeezy boost 350v2 ja morant jersey original best sex toys for men air max 97 sale nike nba miami heat milan jersey 2022 23 nike air max 95 custom soccer jerseys best human hair wigs el síndico procurador, Rafael Leyva Pérez quien señaló que en el caso del implicado, quien estuvo en funciones durante el XXII Ayuntamiento de Tijuana, no cumplió con presentar la Declaración Patrimonial de Conclusión.
El ex servidor público fue requerido para presentarse a una audiencia inicial el 31 de enero del presente año, misma a la que acudió acompañado por su abogado particular sin aportar pruebas suficientes para su defensa, por lo que se determinó la sanción ya mencionada.
El exfuncionario sustituyó al regidor titular durante casi seis meses, siendo que éste último solicitó licencia para ausentarse del cargo justo en la etapa final del Cabildo del XXII Ayuntamiento.
En tanto, fue inhabilitada por un lapso de siete meses una ex delegada en la demarcación de San Antonio de los Buenos, ésta correspondiente a la actual administración municipal, esto por haber incurrido en indebida comprobación de gastos del orden social mientras fue titular de la delegación mencionada.
“Continuaremos promoviendo este tipo de medidas cuando así lo amerite, siendo firmes en la vigilancia y procuración de la debida administración de los recursos, sobre todo cuando no se compruebe correctamente el destino de los recursos para gasto social”, sostuvo.
Esta inhabilitación impide que la persona acreedora ejerza el servicio público en cualquier orden gubernamental por un mínimo de 3 meses y hasta un año, por lo que se deben tomar es tipo de medidas para fortalecer el combate a la corrupción, y para evitar que intereses particulares desvirtúen la finalidad del gobierno.
