Tijuana. -El especialista en derecho penal, Álvaro González, coincidió con las opiniones de que el combate a la defraudación fiscal es un tema que debe de atenderse, así como la compra y venta de facturas falsas, pero consideró como retroceso la manera en que se ha legislado.

La ley que fue aprobada y que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, establece que una vez ejecutada la acción de investigación a los ciudadanos acusados por compra de facturas falsas o defraudación fiscal, se les aplicará prisión preventiva y el delito será considerado como delincuencia organizada.

“Como abogado puedo admitir que es un poco terrorista esta situación, ya que está castigando la venta y compra de facturas, y ya no  existen las compras de buena fe.

No es sólo una sanción administrativa la que se aplicará como antes, cuando simplemente no deducían la factura presentada, sino que ahora se abrirá una capeta de investigación para llevar ante un juez de control y poder estar tras las rejas mientras se investiga si se es culpable o no”, señaló.

Dicha Ley habla también, agregó, de que el simple señalamiento o sospecha puede abrir una investigación e iniciar un estado procesal, durante el que la defensa sostiene ante un juez la ausencia de dolo o alguna excluyente del delito.

Manifestó que es importante saber que ésta Ley es concurrente con la extinción de dominio y que las medianas o grandes empresas  son los principales objetivos de la misma y quienes no están tributando de manera correcta o muestren facturas de procedencia dudosa.

“Hay que estar muy atentos a su publicación en el Diario Oficial de la Federación ya que será muy probable que distintas cámaras de comercio, como la Coparmex  o la Canaco vayan a interponer alguna acción de inconstitucionalidad o algún otro recurso para enfrentar esta Ley que desde un punto de vista jurídico va en contra de los principios que dicta el sistema penal acusatorio, en donde la excepción era la cárcel y no la regla.

El  espíritu de esta Ley es de primero te detengo y luego te investigo. Es un retroceso, ya que si se compara con la Ley General de Salud sería más penado comprar una factura falsa que comprar droga”, expresó.