•Representante del Movimiento “No al cobro para residentes en la caseta de cuota de Playas de Tijuana” fue obligada a pagar supuestos daños

Como una resolución injusta y lamentable por parte del gobierno federal, calificó Mónica Jiménez Serrano, representante del movimiento “No al cobro para residentes en la caseta de cuota de Playas de Tijuana”, al verse obligada a pagar supuestos daños patrimoniales a Caminos y Puentes Federales.

Lo anterior derivado de la denuncia presentada en su contra en el año 2016, luego de que promoviera el libre tránsito por la caseta de cuota, esto en beneficio de los residentes del tramo comprendido entre Playas de Tijuana y los límites de Playas de Rosarito.

Así lo informó la representante del movimiento quien agregó que en varias ocasiones se buscó llegar a un acuerdo con la dependencia federal puesto que su lucha era legítima y sus acciones siempre en completo respeto y de manera pacífica.

“Fue una denuncia que se presentó en el 2016; en muchas ocasiones buscamos llegar a un acuerdo con Capufe, en la investigación existieron de 5 a 6 carpetas de las cuales se desistieron de la acción penal en 5 de ellas, dejando activa solo una que es donde junto a Nancy Sánchez y Felipe Ledezma resulté afectada con el pago de supuestos daños y perjuicios”, detalló.

De acuerdo a Jiménez Serrano, en la denuncia se señalan daños patrimoniales ocasionados por la pérdida de dinero que dejaron de percibir en los alrededor de 90 minutos que duró la manifestación ciudadana, en aras de ser escuchados y buscar una solución positiva a su lucha.

Refirió como incongruente que a pesar de que el Presidente de la República decretó el transito libre para los residentes, ahora se le notifique que deberá pagar lo que denominan como “reparación del daño”.

“Teníamos dos opciones, o pagar la reparación del daño o dejar que judicializaran la carpeta de investigación y que se vinculara a proceso; no queremos tener alguna situación legal que complique la situación, por lo que decidimos realizar el pago a Capufe; dinero que al final Nancy Sánchez y yo depositamos a una cuenta de Banobras porque a Felipe Ledezma fue imposible localizarlo para que cubriera su parte”, detalló.

Recordó que a fin de unir esfuerzos para ser escuchados, y después de tantos años de buscar una solución a la problemática, en el movimiento participaron ciudadanos, funcionarios de todos los niveles y de todas las corrientes políticas.

“Gracias a que alzamos la voz, hoy por hoy los residentes de 19 fraccionamientos pueden transitar libremente el tramo que comprende de Playas de Tijuana y los límites de Playas de Rosarito; es un decreto emitido por el presidente de la república quien denominó la acción como “justicia para los residentes”.

Mónica Jiménez Serrano consideró como incongruente e injusta la resolución en su contra, pues mientras el presidente dio a conocer el hecho como un logro federal, una de sus dependencias la obligaron a realizar un pago por supuestos daños.