El pasado sábado 21 de marzo, permisionados de transporte publico de Playas de Rosarito, presentaron una demanda de juicio pollito en contra de la alcaldesa, esto, frente a la Oficialía de Partes.

El documento presentado en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, es debido a una violación flagrante al texto constitucional de Baja California, toda vez que se tomó atribuciones que solo le competen al Gobierno del Estado, según argumentaron los demandantes.

La demanda se basa en la aprobación de dictámenes donde se otorgaron más de 100 permisos para taxis el pasado 18 de marzo, y está firmada por los permisionarios Agustín Sánchez Sánchez, Cirilo Gallegos Quiñonez, Jaime Martín Maldonado Maldonado, Antonio Vigil Amaro y Juan Vigil Amaro.

En el Artículo Sexto Transitorio, del decreto que creó el Instituto de Movilidad del Estado se señala: “Sin perjuicio del artículo anterior los Ayuntamientos tienen prohibido expedir nuevas autorizaciones, permisos o concesiones; en caso de hacerlo estarán a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California”.