Tijuana. – Al anular la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la llamada “Ley Bonilla” con la que se pretendía beneficiar el mandato del gobernador, Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años, no solo se tiene la oportunidad de traer a juicio a los diputados que legislaron en favor de ella, sino que además se podría llamar a los cabildos de los municipios que la aprobaron.

Es por ello que el diputado local, Gerardo López Montes, observa la posibilidad de que tanto alcaldes, síndicos, regidores, así como personal que participó en las encuestas sean llamados a comparecer ante la justicia para que sea ella quien determine el grado de irregularidades que configuraron un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático bajacaliforniano.

“No se vale que después de todo el trabajo sucio que hicieron diputados, alcaldes, síndicos y regidores en su afán de extender el mandato del actual gobernador del estado, todavía continuemos aguantando la impunidad con la que trabajan, aumentando impuestos, creando otros, y aprobando reelecciones pagadas”, dijo el legislador perredista.

López Montes, alzó la voz para advertir que no permitirá que continúe la impunidad con la que se manejaron los diputados de la XXII Legislatura del Congreso de Baja California, quienes alteraron los resultados de un proceso electoral concluido, decretando a un gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco.

El legislador recalcó que Baja California se encuentra en un importantísimo precedente histórico en la vida democrática de la nación, pues el máximo tribunal quien tiene la última palabra, fue contundente en palabras empleadas por el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, al referirse que lo anterior constituye un fraude a la Constitución”.

“Los bajacalifornianos ya habíamos sido precedentes de democracia, lamentablemente con la sentencia de la corte se dejó en descubierto que somos un Estado con mucha impunidad, ahora seamos ejemplo de justicia”.

Alentó que los bajacalifornianos no debemos dejar pasar el grave atentado contra la democracia que pretendían culminar legalmente los diputados y demás servidores públicos relacionados, pues como lo sentenció la SCJN, se violaron los principios de veda electoral, elecciones libres, periódicas y auténticas, derecho a votar y ser votado, de no reelección, de irretroactividad de las leyes, al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos.

“Los bajacalifornianos ya teníamos los ojos abiertos, faltaba que los máximos entogados de la nación, confirmaran nuestras sospechas de corrupción, del grave atentado contra la voluntad del pueblo y a la integridad del sistema democrático, lo que constituyen faltas graves hacia la ciudadanía”.

Por último, aseveró enérgicamente que la pelota ya la regresó la SCJN, que ahora corresponde a la ciudadanía ponerles un alto y un escarmiento a los servidores y ex servidores públicos que participaron en la “Ley Bonilla”.