El que Baja California continúe siendo el estado del país con el precio de gas LP más caro, al mismo tiempo que los productores locales privilegian la exportación a Estados Unidos expone que las cosas más importantes para los bajacalifornianos, las que de verdad les preocupan, siguen sin ser atendidas. Incluso se agravan. Y la venta y distribución de este combustible es un buen ejemplo de ello, pues terminar con el monopolio que ha controlado el mercado local por décadas y tener por fin precios a favor de la gente es un reclamo añejo que sólo se suele tocar cuando se está en campaña política.

Esta semana presentaré ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que los Ayuntamientos dejen de intervenir en materia de hidrocarburos, invadiendo las facultades federales, pues su intervención afecta, principalmente, a los intereses de los ciudadanos y del libre mercado.

El exhorto es una iniciativa para darle lucha a ese monopolio del gas en Baja California, cuyo interés supremo es mantener el control de la distribución del hidrocarburo en la región, y así, la exportación al vecino del norte.
Quienes tenemos de toda la vida viviendo en Tijuana somos testigos que el gas es sinónimo no solo de precios siempre altos, sino de pésimo servicio, timos, desregulación y vulnerabilidad del consumidor. Las consecuencias clásicas de un mercado monopolizado, pues.

La intromisión de los municipios para regular las distribución de gas doméstico atenta contra el artículo 73 fracción X de la Constitución, que deja claro que sólo compete al Congreso de la Unión la legislación en tema de hidrocarburos; de igual forma, el cuarto y quinto párrafos del artículo 28 específica que sólo compete al Estado mexicano la rectoría del rubro de combustibles.

El que Ayuntamientos como el de Tijuana suspendan licencias o trámites en el sector, es un claro ejemplo de invasión de esferas de competencias consagradas en los artículos 124 y 133 de la Constitución.

En el exhorto expongo que es a la Comisión Reguladora de Energía a quien corresponde otorgar permisos para el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de los combustibles, según determina el artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos.

¿Por qué el interés de pedir a los Ayuntamientos que dejen de entrometerse en cuestiones federales, más allá de temas constitucionales? Cuando hablamos del costo del gas doméstico aludimos directamente al bolsillo de los ciudadanos. La leyes antimonopolio tienen una razón de ser: la protección de los consumidores y mantener la salud de los mercados.

Sin embargo, da la impresión que vamos en sentido contrario, de que en lugar de mejorar las condiciones de los gobernados, quienes están en el poder continúan promoviendo a esas entidades que utilizan sus recursos para comprar voluntades.

De acuerdo a la Secretaría de Energía, en Baja California pagamos un promedio de 11.23 pesos por litro, mientras que entidades de naturaleza industrial similares a la nuestra como Nuevo León pagan 8.53 pesos, o Querétaro donde se promedia 9.59 pesos por litro. El monopolio gasero no sólo afecta a las familias, también es un tema de competitividad.

Por ello, el exhorto se hace extensivo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que determine la existencia de prácticas monopólicas. Necesitamos de su autonomía para que aclare cuales son las barreras que no han permitido la apertura del mercado en Baja California.

Desde el 2016 la Cofece ha documentado que en los municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana el suministro de los principales hidrocarburos ha sido concentrado por una o dos personas jurídicas, un fenómeno ilegítimo y contrario a la Constitución.

En ese sentido, el cuarto punto de acuerdo propuesto por un servidor es la intervención de Fiscalía General de la República para que actúe en caso de confirmarse delitos señalados por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Sobran ejemplos de casos en los que inversionistas han intentado con poco o nulo éxito incursionar en el mercado del gas lp en Baja California. Ahí a donde han llegado el consumidor es el primero en notar la diferencia, pues conscientes de la monopolización, ofertan mejores precios, mejor servicio y mayor seguridad. Sin embargo, el patrón se repite siempre: se asocian con supuestas organizaciones civiles y medios de comunicación para estrangular toda competencia.

No quitaremos el dedo del renglón para mejorar las condiciones tanto para las familias, los pequeños y medianos negocios, las industrias y del libre mercado.